Caso Lobo: Imputado sufre complicaciones de salud en plena audiencia
La audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra los diez imputados en la Operación Lobo —acusados de presuntamente integrar una red delictiva que utilizaba sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas— fue recesada hasta la tarde este miércoles.
La decisión del juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, se produjo luego de que, pasada la 1:00 de esta madrugada, uno de los imputados —cuyo nombre no fue revelado— presentara complicaciones de salud.
La nueva audiencia fue pautada para las 2:00 p.m., donde se espera que la defensas de los imputados inicien la contrarréplica a las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
Los imputados
El órgano persecutor identificó como imputados en la Operación Lobo al mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles DÃaz, asà como a los coroneles de esa institución Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco GuarÃn Fernández Vásquez y ElÃas Camaño Pérez.
A la lista de apresados también se suman el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido RodrÃguez González; el coronel de la PolicÃa, Ramón Quezada Ortiz, y el señor BolÃvar Nicolás Fernández Espinal. Para el grupo, el órgano persecutor solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, y que el caso sea declarado complejo.
Las instituciones afectadas por la supuesta red son el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
Acusación
Los sujetos enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, según lo tipificado en los artÃculos 177, 178, 179 párrafo y 180 del Código Penal Dominicano; los artÃculos 265 y 266 sobre asociación de malhechores, y el artÃculo 405 que sanciona la estafa en perjuicio del Estado.
Asimismo, se le imputa la violación al artÃculo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, que establece la proscripción de la corrupción administrativa.
En cuanto al lavado de activos, los hechos se corresponden con los artÃculos 3 numerales 1, 2 y 3; artÃculo 4 numeral 8; y artÃculo 9 numerales 1, 2 y 4 de la Ley número 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La investigación
En la Operación Lobo participaron 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, con el apoyo de 189 agentes de la PolicÃa Nacional, para enfrentar la red que habrÃa afectado a las referidas instituciones del Estado.
La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Además, explicaron que las lÃneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holÃstica que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.
Fuente: Hoy Digital.
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