Publicidad del Estado deberá contratarse directamente con los medios, prohíbe el uso de agencias como intermediarias.

El reglamento es explícito al indicar que no puede existir intermediación comercial, agencias o representantes que encarezcan o distorsionen los precios del servicio

Tomado de El Nuevo DiarioPor El Nuevo Diario

Actualizada el martes, 3 de febrero 2026 | 9:36 am

SANTO DOMINGO.– La nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 47-25) y su reglamento de aplicación establecen que la publicidad oficial del Estado deberá contratarse de manera directa con los medios y plataformas de comunicación, prohibiendo expresamente el uso de agencias publicitarias u otras formas de intermediación.

La disposición está contenida en el artículo 167 del reglamento, el cual señala que la contratación directa de publicidad solo procede cuando la orden de compra o el contrato se suscribe directamente con el medio de comunicación o la plataforma digital titular del espacio de difusión, incluyendo prensa escrita, radio, televisión, sitios web, redes sociales y plataformas de streaming.

El reglamento es explícito al indicar que no puede existir intermediación comercial, agencias o representantes que encarezcan o distorsionen los precios del servicio, reforzando así los principios de eficiencia, transparencia y uso responsable de los recursos públicos.

Asimismo, la normativa establece que los medios contratados deben estar legalmente constituidos y debidamente registrados ante la autoridad correspondiente, y que estas contrataciones deben realizarse en coherencia con las políticas de publicidad pública del Poder Ejecutivo, en el caso de las instituciones adscritas a este poder del Estado.

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Otro elemento clave es que la excepción de contratación directa no incluye la creación o producción del contenido publicitario, delimitando claramente el alcance de este mecanismo y evitando interpretaciones discrecionales en la ejecución del gasto.

Con este marco normativo, el Gobierno dominicano busca ordenar el gasto en publicidad oficial, fortalecer la contratación directa con los medios de comunicación formales y eliminar la intermediación innecesaria, en línea con la política de transparencia y modernización del Estado impulsada por el presidente Luis Abinader.