Observadores de la OEA dice papel del TSE se ha disminuido al otorgar sus competencias al TSA

Por Suedi León

  

La misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideró que el papel de máxima autoridad de lo contencioso electoral que la constitución otorga al Tribunal Superior Electoral, se ha visto disminuida por restricciones a sus competencias.

Al hacer un balance al proceso previo y durante las elecciones extraordinarias municipales, la misión expuso que “el Tribunal Constitucional reiteradamente ha fallado sosteniendo que la revisión de los actos administrativos de la JCE le compete al Tribunal Superior Administrativo (TSA), desconociendo el hecho de que los actos de la Junta Central Electoral son formalmente administrativos pero materialmente electorales, lo que ha ocasionado que el TSA hoy se pronuncie sobre cuestiones como la ubicación de los partidos políticos en la boleta”.

Expuso que la fragmentación de competencias abona a la incertidumbre jurídica, afecta la especialización y la unificación de criterios en la jurisprudencia electoral, genera confusión en los actores políticos y dificulta garantizar una justicia oportuna, “toda vez que la jurisdicción contencioso-administrativa no está prevista para operar dentro del calendario electoral”.

En ese sentido recomendó que vía  reforma legislativa o la interpretación constitucional, se establezca la competencia única del TSE para conocer los conflictos que atañen al proceso electoral.

“Vale mencionar que la MOE/OEA de 2016 ya señaló en su informe la importancia de que se le otorgara al TSE la potestad jurídica y material de revisar la regularidad legal y constitucional de todos los actos administrativos que en materia electoral emita cualquier autoridad”, indica el informe.

Misión de OEA señala incumplimiento respecto a financiamiento Electoral

La misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que muchas de las disposiciones previstas en la legislación electoral respecto al financiamiento de las candidaturas, no han sido implementadas y que, en algunos casos, las autoridades carecen de los recursos económicos y humanos para ello.

Durante la observación al proceso electoral municipal, la Misión señaló que fue notorio el incumplimiento en la presentación de presupuestos por parte de las fuerzas políticas en la plataforma habilitada para esos efectos por la Junta Central Electoral, así como la falta de información contable que reflejara fielmente ingresos y egresos de los partidos.

"Tampoco se cumplió con el registro de contribuyentes previsto en la normativa, ni se dispuso de la información necesaria para verificar el acatamiento de los topes máximos de gastos de campaña y contribuciones individuales", señala el informe de la misión, donde destacan el trabajo de la JCE.

Esta falta de información hace imposible la adecuada supervisión por parte de la JCE, pero también la fiscalización cruzada por parte de los actores políticos y el control social que puede ejercer la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, manifiesta el escrito,

Por otro lado, expresó que desde la instalación de la misión comprobó el inicio anticipado de la campaña presidencial en contravención a las disposiciones previstas en la normativa, así como múltiples ejemplos de publicidad durante la veda electoral y la permanencia de afiches en lugares públicos desde las primarias.

"La Misión recibió también distintas denuncias de uso de recursos públicos con fines electorales. Aunque existieron instancias en que la JCE solicitó el retiro de publicidad que contravenía la legislación, no se tiene conocimiento de que se haya procedido a sancionar a los actores involucrados".

En este sentido, la MOE/OEA recomendó que de forma inmediata, y de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de 2020, se otorguen recursos suficientes a la Unidad Especializada de Control Financiero bajo la Dirección de Finanzas de la JCE, dotándola del capital humano y el respaldo político necesarios para la adecuada supervisión y fiscalización de los gastos de campaña, la detección y sanción del uso de fuentes ilícitas de financiamiento, el acceso equitativo a medios de comunicación, entre otros.