Congresistas exigen investigación tras confirmarse presencia de integrantes del cártel de Sinaloa en el país.
Santo Domingo, RD-La confirmación de la presencia en República Dominicana de miembros del cártel de Sinaloa, la poderosa organización mexicana dedicada al narcotráfico y sicariato, ha generado una profunda preocupación entre legisladores nacionales.
Diputados y senadores demandan una investigación inmediata para esclarecer cómo estos criminales transnacionales lograron ingresar y operar en el territorio dominicano.
Las autoridades han activado la búsqueda de al menos cuatro ciudadanos mexicanos, presuntos integrantes de esta red criminal liderada por Isabel Zambada, lo que ha encendido las alarmas en el Congreso.
Los legisladores advierten que la proliferación de este tipo de organizaciones representa una amenaza directa a la seguridad nacional y exigen la implementación urgente de un plan integral de contención.
“Nos llena de mucha preocupación, es alarmante que el crimen organizado haya alcanzado ese nivel en el país”, declaró un congresista, señalando además el aumento de actos de sicariato que, a su juicio, carecen de una respuesta clara por parte de las autoridades de seguridad.
Fuentes legislativas indican que el cártel de Sinaloa podría estar operando en la clandestinidad desde hace tiempo, lo que hace imprescindible una reacción firme y contundente del Gobierno y las fuerzas del orden.
En paralelo, un tribunal de la provincia Sánchez Ramírez aplazó para el lunes 7 de julio la audiencia de solicitud de medidas de coerción contra Jason Rojas Mosquea, presunto miembro de esta red criminal, acusado de ordenar y financiar el asesinato del teniente retirado Juan Luis Castro Custodio, así como de planear otro homicidio en la misma región.
Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información relevante, garantizando absoluta confidencialidad.
La expansión de estructuras criminales como el Cártel de Sinaloa en el país representa un desafío urgente para la seguridad nacional, y la efectividad de la respuesta institucional será determinante para frenar su avance.
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