Una prueba anunciada que nunca llegó al Yaque del Sur,
La llamada prueba de liberación de aguas de la presa de Monte Grande, anunciada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), terminó siendo un acto vacío que no resistió la observación más elemental: el agua nunca llegó a la parte baja del río Yaque del Sur.
Las comunidades de Cabral, Cristóbal, El Peñón y otros pueblos de la región Enriquillo fueron alertadas, se prepararon y asumieron el riesgo ante la información oficial de que serían liberados volúmenes significativos de agua. Incluso el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) activó niveles de atención en provincias como Barahona y Bahoruco. Sin embargo, el cauce del río permaneció inalterable, evidenciando una contradicción grave entre lo anunciado y lo ocurrido.
Durante este llamado preventivo, agricultores de la zona utilizaron todos los recursos a su alcance para evitar daños mayores. Entre las medidas adoptadas estuvieron el reforzamiento de muros y defensas con retropalas y equipos pesados, el abastecimiento anticipado de insumos básicos y la cosecha apresurada de productos agrícolas como plátano, yuca y otros rubros, ante el temor generado por el anuncio oficial de las autoridades. Estas acciones implicaron gastos económicos, pérdidas productivas y un sacrificio innecesario para familias que dependen exclusivamente del campo.
Este hecho no puede ser minimizado ni maquillado con explicaciones técnicas vagas. Cuando una institución del Estado informa que se liberarán aguas desde una presa de esta magnitud, está asumiendo una responsabilidad directa con miles de ciudadanos que viven aguas abajo. Anunciar una descarga que no se refleja en el río es, como mínimo, una falta de seriedad institucional; como máximo, una burla a la población y un irrespeto a la autoridad presidencial.
La presa de Monte Grande no es una obra menor ni un ensayo de laboratorio. Es una infraestructura que, ante cualquier falla o liberación real de gran volumen, puede provocar consecuencias irreversibles en comunidades históricamente vulnerables. Por eso resulta alarmante que se juegue con la información y se pretenda dar por válida una “prueba” que no produjo los efectos naturales que todo ingeniero hidráulico conoce.
Los dirigentes comunitarios que hoy levantan la voz no lo hacen por capricho, sino por prevención. Exigen una prueba real, medible, verificable y acompañada por las comunidades, técnicos independientes y organismos de socorro. Cualquier otra cosa es simple propaganda institucional.
El país no necesita anuncios sin sustento. Necesita hechos. La transparencia no se proclama: se demuestra. Y mientras el agua anunciada no llegue al Yaque del Sur, la prueba de Monte Grande seguirá siendo, para las comunidades, una prueba fallida y una advertencia ignorada.
Nota Recibida.
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