El dinero del trabajador en los fondos de pensiones sí está disponible… pero para otros.
Panorama Reportaje. El sistema dominicano de pensiones exhibe cifras que, vistas de manera aislada, parecen contar una historia de éxito: más de RD$1.3 billones acumulados en las cuentas de capitalización individual, una rentabilidad nominal histórica de dos dígitos y una enorme capacidad para financiar al Estado y al sector empresarial.
Sin embargo, detrás de ese crecimiento existe una pregunta mucho más sencilla y decisiva para millones de trabajadores:
¿Con cuánto dinero se pensionarán después de cotizar durante toda su vida laboral?
La respuesta proyectada resulta mucho menos alentadora que el tamaño del fondo: alrededor del 30 % del último salario.
Esto significa que una persona que al momento de retirarse gane RD$50,000 mensuales podría recibir una pensión cercana a RD$15,000. Quien gane RD$100,000 podría terminar con aproximadamente RD$30,000, siempre que haya cotizado de manera constante y se cumplan las demás condiciones previstas por el sistema.
Ese es el dato que rara vez aparece con la misma relevancia que los miles de millones acumulados.
RD$1.3 billones que todavía no garantizan una pensión digna
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A junio de 2026, las cuentas de capitalización individual rondaban los RD$1.32 billones. De ese total, aproximadamente RD$263,400 millones procedían de los aportes directos de los trabajadores; RD$555,400 millones, de las contribuciones de los empleadores, y cerca de RD$500,900 millones correspondían a la rentabilidad acumulada.
Los números demuestran que el modelo ha creado una importante masa de ahorro nacional y una fuente de financiamiento de largo plazo que antes no existía.
Pero el crecimiento del fondo no puede confundirse con el bienestar futuro de sus propietarios.
El verdadero resultado del sistema no debe medirse únicamente por cuánto dinero administra, cuánto representa dentro del producto interno bruto o cuánto ha ganado mediante sus inversiones. Debe medirse, principalmente, por la capacidad que tendrá el trabajador para mantener una vida digna cuando deje de recibir su salario.
Ese indicador se denomina tasa de reemplazo: el porcentaje del último ingreso laboral que recibirá una persona como pensión.
La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones ha reconocido que la tasa de reemplazo promedio se estima actualmente en alrededor del 30 %. El propio gremio ha presentado propuestas para elevarla hasta un 60 %, una admisión que confirma la insuficiencia del resultado esperado bajo las condiciones actuales.
El sistema todavía no ha pasado su prueba definitiva
El régimen de capitalización individual comenzó a operar en 2003. Para optar por una pensión ordinaria se requieren 360 cotizaciones, equivalentes a 30 años de aportes, además de las condiciones de edad establecidas.
Por esa razón, todavía no existe una generación completa de trabajadores que haya comenzado y terminado toda su vida de cotización exclusivamente dentro del modelo.
La verdadera prueba llegará alrededor de 2033, cuando aparezcan los primeros afiliados con treinta años completos bajo el régimen.
Hasta entonces, la pensión equivalente al 30 % del último salario sigue siendo una proyección. El resultado final podría mejorar si aumentan los salarios cotizados, la continuidad de los aportes y la rentabilidad real, pero también podría ser menor para quienes hayan pasado largos períodos en la informalidad o fuera del mercado laboral.
Esta realidad golpeará con mayor fuerza a los trabajadores de bajos ingresos, a quienes cambian constantemente de empleo y a las mujeres, cuya participación laboral suele registrar más interrupciones.
El dinero del trabajador sí está disponible… pero para otros
Existe otra contradicción difícil de ignorar: el trabajador no puede disponer libremente del dinero acumulado en su cuenta, pero esos mismos recursos sí pueden ser utilizados inmediatamente por el Estado y las grandes empresas.
Una parte significativa de los fondos está colocada en instrumentos emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Otra porción financia bancos, puestos de bolsa, fideicomisos, proyectos y empresas privadas mediante bonos y acciones.
Las compañías que reciben estos recursos pueden utilizarlos para ampliar operaciones, refinanciar deudas, adquirir activos o financiar capital de trabajo.
El trabajador, en cambio, no puede retirar parcial o totalmente sus ahorros antes de cumplir las condiciones legales, salvo en situaciones expresamente autorizadas, como pensión por vejez, discapacidad, sobrevivencia, ingreso tardío o cesantía por edad avanzada.
Una persona que enfrente una emergencia médica no reconocida como discapacidad, la pérdida de su vivienda, la educación universitaria de un hijo o la necesidad de capitalizar un pequeño negocio no puede tocar un solo peso de su cuenta.
En términos sencillos: el dinero está disponible para financiar a otros, pero permanece bloqueado para su propietario original.
La desigualdad no consiste solamente en determinar cuánto rinde el fondo. También obliga a preguntar quién puede utilizar esos recursos hoy y quién debe esperar décadas para recibirlos convertidos en una pensión insuficiente.
Una rentabilidad alta que no cuenta toda la historia
Las AFP han registrado una rentabilidad nominal promedio cercana al 12.2 % anual entre julio de 2003 y junio de 2026. El resultado supera ampliamente el rendimiento histórico de una cuenta de ahorro y también el de muchos depósitos a plazo.
Ese mérito debe reconocerse: las inversiones han aumentado el patrimonio destinado a las pensiones.
Pero rentabilidad nominal no significa automáticamente ganancia real para el trabajador.
La tasa nominal se calcula antes de descontar el efecto de la inflación. Cuando suben los alimentos, la vivienda, los medicamentos, el transporte y los servicios básicos, una parte de la rentabilidad pierde capacidad de compra.
La pregunta determinante no es únicamente cuánto creció la cuenta en pesos, sino qué podrá comprar el pensionado con ese dinero cuando llegue el momento de retirarse.
Un fondo puede aumentar todos los años y, aun así, terminar pagando una pensión incapaz de cubrir las necesidades básicas de su propietario.
Las AFP cobran antes de conocer el resultado final
La reforma introducida mediante la Ley 13-20 estableció una comisión anual aplicada sobre el saldo administrado. En 2025, esa comisión rondó el 0.95 % y generó ingresos superiores a RD$11,500 millones para las administradoras.
Este esquema crea una diferencia fundamental entre las AFP y sus afiliados.
Las administradoras reciben ingresos mientras aumenta el patrimonio bajo su gestión. El trabajador, por el contrario, deberá esperar hasta su retiro para saber si el dinero acumulado le permitirá recibir una pensión suficiente.
El negocio de administrar los fondos puede ser rentable, aunque el resultado previsional del afiliado no alcance para mantener su nivel de vida.
No se trata necesariamente de una actuación ilegal de las AFP, sino de una consecuencia del propio diseño del modelo: la comisión se vincula al dinero administrado, no a la garantía de una pensión equivalente a un porcentaje digno del último salario.
El espejismo de invertir más dinero fuera del país
Uno de los planteamientos utilizados para defender una mayor diversificación consiste en permitir que las AFP inviertan una proporción más alta de los fondos en los mercados internacionales, siguiendo los ejemplos de Chile y Perú.
Diversificar puede reducir la concentración de riesgos y ofrecer acceso a empresas, monedas y economías diferentes. También puede mejorar la relación entre riesgo y rentabilidad de la cartera.
Pero invertir más dinero en el exterior no garantiza mejores pensiones.
Chile, pese a tener un sistema con amplia presencia en mercados internacionales, tuvo que aprobar una reforma previsional en 2025 que aumentó los aportes e incorporó un componente de seguro social. La Superintendencia de Pensiones chilena estima que, con los cambios, la tasa de reemplazo mediana de los futuros pensionados podría subir de 51 % a 65 %.
La experiencia demuestra que la suficiencia de una pensión depende de varios factores: el porcentaje aportado, los años cotizados, la continuidad laboral, el salario registrado, la rentabilidad real, las comisiones y la expectativa de vida después del retiro.
La inversión internacional puede mejorar la cartera, pero no resuelve por sí sola una pensión insuficiente.
El trabajador no sabe exactamente dónde está su dinero
A las dudas sobre el monto futuro de las pensiones se suma un problema de transparencia.
El afiliado recibe información sobre el saldo general de su cuenta y su rentabilidad, pero no dispone, de manera sencilla e individualizada, de un detalle que le explique en qué empresas o instrumentos está invertido su dinero, cuáles son los riesgos, qué garantías respaldan cada colocación y cuándo vencen esas inversiones.
Los boletines de la Superintendencia de Pensiones presentan información agregada del sistema, útil para especialistas y participantes del mercado, pero difícil de interpretar para el ciudadano común.
El trabajador debería poder conocer, mediante un estado de cuenta comprensible, no solo cuánto dinero tiene, sino también dónde está colocado, cuánto generó, qué comisión se descontó y cuál es la pensión estimada que recibiría si mantiene su nivel actual de cotización.
La transparencia no debe limitarse a publicar grandes cifras. Debe permitir que cada afiliado entienda qué ocurre con su dinero.
Los cuatro vacíos que esperan solución
El sistema también mantiene situaciones que requieren respuestas urgentes:
1. Los dominicanos que emigran. Miles de trabajadores salen del país y dejan cuentas que continúan bajo administración, pero enfrentan dificultades para reclamar sus fondos desde el extranjero.
2. Las emergencias personales. No existe un mecanismo que permita emplear una parte del saldo como garantía de un préstamo en casos extremos, aunque los recursos se encuentren invertidos en instrumentos con vencimientos de largo plazo.
3. Los afiliados atrapados en una zona gris. Personas que dejaron de trabajar hace años, por edad, enfermedad o imposibilidad de reinsertarse en el mercado laboral, pueden no cumplir todavía los requisitos para pensionarse ni tener acceso a lo acumulado.
4. Los herederos de afiliados fallecidos. Aunque la ley reconoce derechos sobre esos fondos, muchas familias enfrentan trámites prolongados y complejos para reclamarlos.
Resolver estos vacíos no implica desmontar el sistema, sino hacerlo más humano, transparente y compatible con la realidad de sus propietarios.
El fondo prospera; el trabajador sigue esperando
El sistema de capitalización individual ha creado disciplina de ahorro, fortalecido el mercado de valores y proporcionado financiamiento estable al Estado y al sector privado.
Pero esos logros macroeconómicos no pueden ocultar su principal debilidad social.
El éxito de un sistema de pensiones no se mide por el tamaño de la montaña de dinero que acumula, sino por la protección que ofrece a la persona cuando ya no puede trabajar.
El fondo supera el billón de pesos. Las AFP generan ingresos millonarios. El Estado y las empresas encuentran financiamiento de largo plazo. Sin embargo, el trabajador que sostiene todo el sistema se encamina hacia una pensión proyectada de apenas el 30 % de su último salario.
Esa es la verdadera discusión sobre la equidad.
Porque un sistema puede ser exitoso para el mercado, rentable para quienes lo administran y útil para quienes reciben su financiamiento, pero seguirá teniendo una deuda pendiente mientras no garantice una pensión digna para el trabajador que aportó durante toda su vida.
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