Gobierno endurece persecución por daños deliberados a parques nacionales.
El Decreto 615-26 declara prioridad estratégica combatir agresiones graves contra áreas protegidas y ordena fortalecer la investigación, coordinación institucional y persecución penal.
Santo Domingo, RD.- El Gobierno declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica la prevención y el combate del terrorismo medioambiental mediante el Decreto 615-26, presentado este miércoles en el Palacio Nacional.
La normativa considera dentro de esa categoría las agresiones deliberadas y sistemáticas contra los parques nacionales y otros recursos naturales críticos de República Dominicana. El decreto ordena reforzar la detección, investigación y persecución de esas acciones.
Durante la presentación, el presidente Luis Abinader aseguró que se aplicarán medidas más drásticas contra dominicanos y extranjeros involucrados en la destrucción de áreas protegidas. La respuesta alcanzará tanto a los autores materiales como a quienes financien, contraten o promuevan esos actos.
Abinader sostuvo que durante décadas los parques nacionales no recibieron suficiente atención ni contaron con la seguridad jurídica necesaria. Agregó que, al comenzar su administración, la mayoría de esas áreas carecía de títulos de propiedad a nombre del Estado, situación que comenzó a corregirse mediante un proceso nacional de titulación.
El mandatario también relacionó parte de los incendios forestales registrados recientemente, incluido el ocurrido en el Parque Nacional de Bahoruco, con actividades ilícitas. Señaló que esos hechos destruyen la flora y la fauna, además de amenazar el suministro de agua y la seguridad alimentaria.
Según lo anunciado, las conductas que dañen las áreas protegidas podrán ser sancionadas con penas de entre 20 y 30 años de prisión, conforme a las disposiciones legales aplicables y al nuevo Código Penal.
El decreto concede protección especial al sistema de áreas protegidas, las cuencas hidrográficas prioritarias, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos. También contempla medidas frente a amenazas contra la infraestructura hídrica y energética.
La disposición instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración a diseñar una política nacional de prevención y combate. Entre sus objetivos estará neutralizar incendios provocados y otras agresiones contra los recursos naturales.
El Decreto 615-26 dispone que cualquier ataque contra el patrimonio ambiental sea remitido inmediatamente al Ministerio Público para iniciar la acción penal correspondiente. Además, establece plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial para proteger a los ciudadanos que colaboren de buena fe.
En la presentación acompañaron al presidente los ministros Andrés Bautista, Paíno Henríquez y el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; además del director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, y el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas.
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