Tribunales ordenan pagar millones de pesos a diplomáticos destituidos en 2020

Las desvinculaciones masivas realizadas en el servicio exterior tras el cambio de gobierno en 2020 siguen pasando factura en los tribunales. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) enfrenta una serie de fallos judiciales de alta cuantía económica, luego de que exfuncionarios demandaran alegando violaciones al debido proceso en su carrera diplomática.

Los casos clave y el impacto financiero para la Cancillería en este mayo de 2026:

Más de RD$18 millones para un solo exdiplomático: El caso más notorio es el de Manuel Moisés Crespo Pérez, cuya destitución fue anulada por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional, al reconocer su estatus de funcionario de carrera. La sentencia obliga al Estado a pagarle salarios caídos acumulados desde 2020 (suma que ya supera los 18 millones y sigue subiendo). No obstante, el Mirex alega que Crespo no prestaba servicios efectivos desde 2018 debido a licencias médicas.

Sentencias cruzadas: Otro exembajador alterno ante la ONU, Juan Ramón Ávila Ceballos, también ganó su demanda en el TSA, aunque el Mirex recurrió la decisión para frenar el pago. Por el contrario, demandantes como Jorge Alberto de León Amparo e Irma Milagros Castro perdieron sus solicitudes de reintegro al determinarse que eran cargos de libre nombramiento, aunque el tribunal ordenó pagarles sus beneficios laborales pendientes.

El debate de las mulas y botellas: Históricamente, el servicio exterior dominicano estuvo plagado de personas que cobraban sin trabajar ("botellas") o que tenían impedimentos de acreditación por poseer residencia o nacionalidad del país destino. Estos litigios ponen bajo la lupa la aplicación de la Ley 630-16 y la Ley 41-08 de Función Pública sobre quiénes pertenecen verdaderamente a la carrera diplomática.

Estos fallos reabren con fuerza el debate sobre el altísimo costo económico que representan para el Estado dominicano las sustituciones de nómina por razones políticas tras los cambios de gestión de gobierno.

¿Crees que los funcionarios que firman cancelaciones de personal de carrera sin cumplir la ley deberían pagar esas indemnizaciones millonarias con su propio patrimonio en lugar de cargar el costo al dinero de los contribuyentes? 🏛️🇩🇴🤔

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